Los abogados laboralistas consideran “peligroso” que las empresas les releguen en los ERE.
Irina Moreno
La crisis económica está provocando que los empresarios reduzcan costes hasta para acometer expedientes de regulación de empleo (ERE). Según han explicado a LA GACETA fuentes cercanas al Ministerio de Trabajo, “el 60% de los ERE que tramita el Ministerio no están asesorados por abogados”. Estas mismas fuentes aseguran que “cada vez son más las empresas que prescinden de asesoramiento legal a la hora de llevar a cabo un ERE”. Este extremo ha sido confirmado por todos los laboralistas y sindicalistas consultados, que coinciden en afirmar que “esta tendencia es real” y se está produciendo también en los procesos tramitados por las comunidades autónomas.
Un ERE de una compañía mediana cuesta una media de 90.000 euros Según dichos expertos, las empresas que están llevando a cabo estos recortes son en su mayoría de mediano tamaño. Sustituyendo al jurista por el director de recursos humanos, pueden llegar a ahorrarse unos 90.000 euros, cifra aproximada de lo que cobra un despacho para llevar a cabo un ERE en una empresa de 100 a 300 trabajadores. Además del motivo económico, Martín Godino Reyes, socio de Sagardoy Abogados, aduce otra razón: “La reducción que se está produciendo también responde a que los ERE han perdido en parte el componente jurídico, debido a que la Administración ha conducido a esa línea”.
Según este abogado laboralista, “el ERE se ha convertido en un procedimiento de negociación más que en un procedimiento con requerimientos jurídicos”. Prueba de ello, es que “por muy bien armado que esté jurídicamente, si no hay acuerdo con los representantes de los trabajadores, la Administración lo rechaza”. Para facilitar ese entendimiento, el socio de Sagardoy considera que es “esencial” contar con un abogado, aunque entiende que, desde el punto de vista de la empresa, “no sea estrictamente necesario”. Para Ignacio García-Perrote, socio de Uría Menéndez, las medianas empresas que no contratan a bufetes son las que que ya tienen experiencia previa a la hora de presentar ERE y lo hacen porque “supone un desembolso económico importante y su política de ajustar costes también afecta al asesoramiento”.
Los sindicatos, actores presentes en negociaciones de este calibre, también constatan el viraje que se ha producido en el asesoramiento legal de los ERE. Enrique Lillo, coordinador del Gabinete Interfederal de Comisiones Obreras (CCOO), asegura que “los abogados han perdido el protagonismo en los ERE de las medianas empresas en favor de los directores de recursos humanos”. Lillo añade que en los procedimientos en los que CCOO representa a los trabajadores, los propios empresarios justifican la ausencia de abogados externos como medida de ahorro, debido al alto coste de contratación de los despachos.
Operación de “alto riesgo”
Esta nueva tendencia no ha sido bien recibida por los abogados, que dejando a un lado los intereses corporativistas, consideran riesgoso para la empresa no contar con expertos en Derecho Laboral. Según el socio de Cuatrecasas, Salvador del Rey, “es peligroso porque un ERE es una operación de alto riesgo, y es un proceso complejo y profesionalizado”. Por ello, según este catedrático de Derecho del Trabajo, al tener un control judicial, “es imposible que los ERE pierdan el componente jurídico, ya que la homologación que tiene que hacer la autoridad laboral es una autorización jurídica”. García-Perrote enfatiza que “es un proceso muy regulado”, por lo que es “importante que exista asesoramiento”.
El 60% de los ERE no están asesorados por abogados En la misma línea se manifiesta Fernando Vizcaíno, socio director de Estudio Jurídico Vizcaíno Casas, que defiende la presencia del letrado porque “la parte más importante de un ERE es el informe de la Inspección de Trabajo, que tiene un carácter, además de técnico-económico, fundamentalmente jurídico”. Por su parte, el socio de Sagardoy, opina que relegar al abogado en un ERE “entraña un riesgo a medio y largo plazo para la empresa porque si ese expediente es recurrido por un sindicato minoritario o un grupo de trabajadores, si no está jurídicamente bien presentado, puede anularse, lo que para la empresa supone un coste brutal”. El director general de Trabajo de la Comunidad de Madrid, Javier Vallejo, además de corroborar que “en las empresas el asesoramiento se da cada vez menos”, afirma que “en un ERE, que es un proceso que no se da habitualmente en la vida de una empresa, es importante que contar con un abogado”.
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